JUSTICIA NORTEAMERICANA

Con la sentencia de 38 años de prisión que le dieron a Genaro García Luna en Estados Unidos por narcotráfico. En México volvió a quedar en entredicho la justicia mexicana frente a la Norteamericana que ya ha podido enjuiciar a criminales como Joaquín El Chapo Guzmán y tiene en sus manos a los hijos de este y al otrora poderoso Ismael Mayo Zambada. En contraste estos capos en México lejos de ser enjuiciados, gozaron de privilegios y protección al más alto nivel como quedó demostrado en el juicio de Genaro García Luna, el máximo responsable de la aplicación de la ley en México, durante dos sexenios, que fue encontrado culpable de aceptar sobornos de los mismos cárteles del narcotráfico a los que se suponía que debía perseguir. Claro, la protección no es de un solo hombre. Hay todo un andamiaje construido entre los mandos de las Policías, incluyendo la política para cumplir con tal fin. Las acusaciones en ese sentido han sido incluso al mismo ex presidente Felipe Calderón que hoy finge no saber nada de lo que ocurría cuando en el mismo Congreso de la Unión, hasta Gerardo Fernández Noroña se lo gritó en su cara en una de sus comparecencias. Felipe no hizo nada. Tampoco Peña Nieto y mucho menos Andrés Manuel López Obrador que pareció ya no importarle tras el teatro romano en el que se convirtió el juicio a los ex presidentes. En la consulta popular del primero de agosto de 2021, se preguntó a los votantes mexicanos lo siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Alrededor del noventa por ciento de quienes acudieron a las casillas votó que sí estaba de acuerdo. Aunque la participación fue muy baja: menos del ocho por ciento del padrón acudió a ejercer su derecho, lo que impidió que el resultado de la consulta fuera vinculante. La promesa de campaña de Lopitosh se archivó mientras sucedían contactos aparentemente casuales con la misma madre de El Chapo Guzmán en la sierra de Badiraguato, en Sinaloa. Hubo señales y muchas de protección al narcotráfico. Lopitosh no actuó y Claudia está en veremos pese que todo indica que el andamiaje de protección no está disuelto y muchas caras se asoman en la trama tipo Netflix en la que se convirtieron los juicios a García Luna y los que vienen para El Mayo Zambada. El martes ocho de febrero del 2023 el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, dijo en Nueva York, al comparecer como testigo en el juicio de Estados Unidos contra García Luna, que Felipe Calderón, y el propio García Luna, dieron la orden de proteger al Chapo Guzmán. La acusación alcanzó las primeras planas, por escandalosa, pero apenas tiene como sustento los dichos de Veytia, quien juró decir la verdad durante el juicio, como se estila en gringolandia. El súper Policía de Calderón fue encontrado culpable y recibió una severa pena de 460 meses, impuesta en una audiencia en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn. En México es impensable que pueda suceder algo así. Los medios replicaron lo sucedido durante la audiencia del miércoles, que duró una hora. El juez Brian M. Cogan, quien supervisó el juicio por corrupción de García Luna, que duró alrededor de un mes, reprendió a García Luna, de 56 años, desde el estrado, diciendo que había llevado una doble vida y que su carrera como máximo representante de la ley en México era “una cortina de humo” que le permitió hacer daño a innumerables de sus compatriotas. Cogan también comparó a García Luna, quien fungió como funcionario para dos presidentes mexicanos distintos, con El Chapo Guzman quien fue juzgado y condenado en el mismo tribunal hace cinco años y ahora cumple cadena perpetua. “Apartando su comportamiento agradable y su elocuencia, usted tiene el mismo espíritu de maleante que el Chapo”, dijo Cogan. “Solo que se manifiesta de forma diferente”. Hablando en su propia defensa, García Luna mantuvo su inocencia, y le dijo al juez que no había “cometido ninguno de estos crímenes”. Esos comentarios replicaban una carta que García Luna presentó a Cogan el martes por la noche en la que afirmaba que el gobierno de México y los testigos que declararon en su juicio habían dado “información falsa” en su contra debido al “combate frontal” que había emprendido contra el narcotráfico, “donde se enfrentan poderosos intereses políticos”. En Chihuahua, particularmente Juaritos, se sabe que no es así. Fue evidente la protección federal al cártel de Sinaloa con García Luna en la llamada guerra al narco que dejó miles de muertos. Antes de que García Luna fuera condenado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pareció discrepar de sus afirmaciones de que había sido atacado por funcionarios del gobierno. “Ahora resulta que es una víctima”, dijo Sheinbaum a los periodistas cuando se le preguntó sobre la carta de García Luna. “Mucho cinismo”. Durante más de una década —de 2001 a 2012—, García Luna dominó el tema de la seguridad de su país, fue tan poderoso que a menudo se refirieron a él como el J. Edgar Hoover de México. Dirigió la versión mexicana del FBI y después se convirtió en secretario de Seguridad Pública del país, en cuyo cargo trabajó con las autoridades locales y con los principales agentes de inteligencia y de las fuerzas de seguridad de EE. UU. para acabar con los narcotraficantes. Pero lejos de ese objetivo “El acusado habilitó al cártel”, dijo Saritha Komatireddy, una de las fiscales. “Protegió al cártel. Él era el cártel”. En el juicio, los testigos entre ellos, Sergio Villarreal Barragán, un exagente de la policía en México que cambió de bando en la guerra contra el narco y era conocido como el Grande declaró que a principios de la década de 2000 García Luna se presentó en persona en un almacén del estado de Chiapas, en el sur de México, para reclamar su parte de un negocio de drogas: más de 14 millones de dólares en efectivo. Desde siempre se ha sospechado que funcionarios de los más altos niveles de poder han estado aliados con los mismos narcotraficantes que durante décadas han infligido dolor y penurias al país con tanta violencia. Por eso la noticia de la sentencia reavivó las preguntas sobre qué conocimiento tenía el expresidente Felipe Calderón de las actividades ilícitas del máximo responsable de seguridad de su gobierno, incluso por parte de miembros de su propio partido. “Felipe Calderón debe dar una explicación al pueblo de México”, dijo Marko Cortés, presidente del partido. “No queremos que se presenten más García Lunas en nuestro país”. Pero a Calderón ya salvo una consulta pública para ser enjuiciado en México. Quizás en Estados Unidos de las explicaciones que en su país ninguna autoridad le exige. Quizás algún día enfrente a la justicia  norteamericana. En México no habrá justicia.